Derechos
Humanos y Política en Colombia: Perspectivas para 2014
Volvemos en este 2014 con muchas más cosas que contar, analizar y comentar.
A pesar de la inevitable tendencia de nuestra sociedad
a erradicar de su imaginario colectivo el carácter excepcional de las
violaciones de derechos humanos, es justo decir que el 2014 no será un año
“común y corriente” en dicha materia.
Por el contrario, el destino del país en los próximos
años se encuentra ligado en gran medida a lo que suceda alrededor de ciertos
fenómenos políticos directamente relacionados con la promoción y la protección
de un gran número de derechos y garantías. De un lado, las elecciones legislativas
y presidenciales, y del otro, el eventual desenlace del proceso de paz que
actualmente se lleva a cabo con las Farc.
Ambas coyunturas pueden verse como puntos de partida o
puntos de llegada de en materia de gobernabilidad y ejercicio del poder público,
y en concreto, tienen un impacto indiscutible en las relaciones entre el estado
y los ciudadanos, las cuales son las que determinan de forma principal – mas no
exclusiva – la situación de derechos humanos en una sociedad nacional.
Procesos electorales: continuidad o fractura política
El 2014 es un año de elecciones determinantes para la cristalización
o el archivo de proyectos políticos identificados con la protección de una gran
variedad de derechos y garantías. Mientras que el 9 de marzo se elige un nuevo
congreso, el 25 de mayo sabremos – a no ser que haya segunda vuelta – si Juan
Manuel Santos tendrá otros cuatro años para consolidar su prosperidad democrática desde el ejecutivo.
En el marco de la acción del estado, el éxito de un
proyecto de gobierno de dicha magnitud depende de la continuidad de las
políticas públicas que lo desarrollan, así como de las leyes que lo incorporan
en el ethos nacional. Si bien hay una
base de mínimos normativos inmutables en la Constitución, la afinidad
ideológica de las autoridades influencia directamente la garantía de los
derechos de las personas cuando, como en toda sociedad, hay intereses
contrapuestos.
Teniendo en cuenta el alto grado de polarización que
hay en el actual panorama político colombiano, es posible insinuar que el
resultado de las elecciones influenciará las dinámicas de la protección y
garantía de muchos derechos relacionados con el modelo de desarrollo del país.
Durante los últimos 4 años, la actual administración
pública ha venido implementando un gran número de políticas y programas en
áreas estructurales que están directamente relacionados con el contenido y
alcance de muchos derechos asociados con lo social.
El éxito de dichas políticas, y por ende, el goce
efectivo de los derechos relacionados, depende de su continuidad. En caso de
que el presidente Santos no fuera reelecto y bajo un hipotético escenario del
uribismo puro retomando el poder, no
sería extraño encontrar súbitos y potentes cambios de enfoque en dichas áreas, en
todo caso amparadas por la legitimidad de la autoridad.
Aún más, un congreso haciéndole oposición a Santos
representaría un obstáculo adicional, teniendo en cuenta la naturaleza
estructural de las políticas relacionadas con el sector rural, la protección al
medio ambiente y la apertura a la economía global. El éxito de este tipo de
iniciativas requiere de amplias y variadas reformas legales, por lo que la efectiva
garantía de derechos como la salud, la vivienda, la educación, o el trabajo
dependen del trabajo armónico entre el ejecutivo y el legislativo.
Igualmente, no hay que olvidar que los procesos
electorales traen consigo tensiones y amenazas en materia de derechos políticos.
La violencia, de por si intensa en nuestro país debido a las condiciones de discriminación
y desigualdades sociales imperantes, se incrementa en época de elecciones. Teniendo
en cuenta las particularidades de una sociedad polarizada, hay que advertir que
no sólo se podrían ver afectados los derechos a elegir y ser elegido, sino la
vida e integridad de los actores de dicho escenario.
Proceso de paz y post-conflicto: principal escenario
de los derechos humanos en 2014
De la misma forma en que los resultados de las
elecciones tendrán un efecto sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, los resultados del actual proceso de paz con las Farc, y en concreto
del proyecto de justicia transicional.
La consolidación o el estancamiento de dichos diálogos
marcarán la pauta en muchos aspectos relacionados con las garantías
relacionadas con la justicia, la verdad y la reparación de víctimas, tales como
los procesos de restitución de tierras, recomposición del tejido social en las
zonas de alto impacto del conflicto, y la vida e integridad misma de las
personas desde el punto de vista de la intensificación o el cese de
hostilidades.
Igualmente, el desenlace del proceso de La Habana debe
asociarse con la suerte de los actores armados, tanto legales como ilegales,
bajo un escenario de post-conflicto. La eventual consolidación del Marco
Jurídico para la Paz abrirá un gran debate sobre si el otorgamiento de penas
alternativas respecto de los crímenes cometidos con ocasión del conflicto podría
encuadrarse como un caso de impunidad.
Esto implicaría, de un lado, la no asunción de casos de violaciones pasadas de
derechos humanos en el marco del conflicto, y del otro, la violación misma de
otras garantías fundamentales de las víctimas tales como la justicia y la
verdad.
De forma paralela, no hay que perder de vista lo que
sucederá respecto del ejercicio de los derechos políticos de los miembros de la
guerrilla que decidan desmovilizarse y acceder a la posibilidad de disputar
opciones de poder, principalmente en el ámbito de lo regional. No podemos
olvidar lo que en su momento sucedió con la Unión patriótica, que a propósito
regresa de forma definitiva al escenario político luego de muchos años de
silencio debido a la pérdida de su personería jurídica.
El caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo
Petro, también debe aparecer en el radar de los derechos humanos para el 2014.
El destino del exmandatario y sus derechos políticos – y los de sus electores –
penden del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre una solicitud de medidas cautelares, así como de que se lleve a cabo el
referendo relacionado con el proceso de revocatoria del mandato que hay en su
contra.
Finalmente, también hay que resaltar que el
incumplimiento del gobierno respecto de ciertos compromisos asumidos en el
cénit del paro agrario de 2013 puede llevar a que se presenten nuevas
movilizaciones sociales, especialmente del movimiento campesino y otros
sectores que simpatizan con dicha causa, o la encuentran propicia para
amplificar su propio descontento (estudiantes, sindicatos, trabajadores de
sectores informales, etc.).
Comentario adicionado el 7
de febrero: YA VIERON LO QUE PASÓ CON LAS “chuzadas” al proceso de paz…
Derechos Humanos y Paz: balanceando la ecuación
Visto lo anterior, es importante mencionar que un
análisis de lo que se viene en materia de derechos humanos para nuestro país
debe hacerse desde dos ideas bien demarcadas.
Primero, que si bien la paz debe entenderse como la
ausencia de violencia, esta última no puede reducirse a los actos individualizados
en los que se genera un impacto negativo a una persona o grupo de personas. Por
el contrario, también debe entenderse como violencia lo estructural, que muchas
veces tiende a ser invisibilizado debido a que no existen víctimas y
victimarios concretos, o que al tratarse de un fenómeno masivo no son
identificables o cuantificables.
Segundo, que los derechos humanos deben entenderse
como un medidor o rasero de la repuesta del estado – en tanto principal agencia
de control social – a la existencia y erradicación de los fenómenos de
violencia, tanto personal como estructural. En esa medida, lo que entendemos
como paz debe entenderse como el
disfrute integral de las personas de
sus derechos; es decir, tanto los civiles y políticos como los económicos,
sociales y culturales.
En esa medida, hablar de derechos humanos en Colombia
en 2014 debe estar directamente relacionado con los caminos de la paz. Debe proyectarse hacia la comprobación de la
capacidad de las autoridades para establecer las condiciones necesarias de un
proyecto de post-conflicto, dirigido no sólo a reparar a las víctimas de actos
de violencia directa, sino a cimentar las bases de una sociedad más justa e
incluyente.
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