¿Cuál es la vaina con los TLC?

Cuando uno le pregunta a los simpatizantes de la inserción de Colombia en la economía global –léase libre comercio e inversión extranjera sin barreras–, por qué nuestro país debe seguir firmando Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Bilaterales de Inversión, las respuestas son tan similares que casi se trata de una grabadora reproduciendo un discurso prefabricado, o mejor, un robot recitando una poesía. Más o menos, esto es lo que se dice:

-          El ingreso a los mercados mundiales nos hace competitivos.

-          La economía colombiana será más eficiente porque aquí no hay quien tenga ni la tecnología ni el manejo de procesos específicos para explotar nuestros recursos naturales.

-          La imagen de Colombia en el exterior mejora ostensiblemente.

-          Tecnología de punta + Inyección de recursos externos + empleos + reinversión de ganancias en el país = desarrollo.

Y aquí se acaba el cassette.

Lo que debería seguir reproduciéndose en dicha grabación, con el fin de que la información sea completa, es lo siguiente:

-          La tecnología usada por los inversionistas extranjeros se encuentra protegida por un complejo sistema de patentes de invención y, debido a su consecuente valor económico, nunca se va a transmitir al país huésped de la inversión.

-          Así como los recursos externos entran para montar la infraestructura de los proyectos, salen tan pronto se perciben las ganancias, gracias a un modelo de control de cambios que permite dicho esquema.

-          En materia de reinversión social, lo único que se queda en el país y que se conoce como regalías, no es sino el precio nominal que las multinacionales pagan por lo que extraen, de modo que no se puede hablar de reinversión ni mucho menos.

-          La generación de empleos es mínima, ya que los cargos directivos de las filiales de dichas empresas en Colombia son ocupados por extranjeros, y el remanente es insignificante para tanto bombo y fanfarria alrededor del tema.   

Sin embargo, esto no es lo más grave. El problema no es que un TLC no deje beneficios, sino que sea cuna de perjuicios directos e indirectos para el país. Y sobre eso vale la pena ahondar con el fin de ilustrar a quienes quieren saber un poco más del por qué sus gobiernos, que ha elegido con el fin de proteger y promover sus derechos, han escogido esta estrategia como LA ESTRATEGIA para lograr el tan anhelado desarrollo socioeconómico que se predica como el fin de todos los males. ¿Cuál es la vaina con los TLC entonces?

Hablemos de efectos nocivos directos e indirectos.

Respecto de los primeros, hay que mencionar la insostenibilidad de la producción a baja escala de los campesinos cuando éstos no pueden competir con los precios de los alimentos importados. Lo anterior genera que aquellos no puedan continuar desarrollando la actividad que se constituye en su base de subsistencia, y que por ende no puedan contar con recursos suficientes para acceder a derechos y garantías de tipo socioeconómico, cuya naturaleza prestacional implica que no son directamente o completamente proveídos por el Estado: salud, vivienda, educación, trabajo, etc.

Ahora, respecto de los efectos indirectos, hay que decir que si los TLC generan consecuencias nocivas directas, lo que primero se le viene a la cabeza a cualquiera es que aquellos deberían ser modificados, renegociados o denunciados con el fin de que dichos perjuicios cesen. Es decir, que dichos tratados, en tanto normas que le generan obligaciones al país, serían escenario de controversias jurídicas si se determina que el Estado se equivocó al aprobarlos, como lo afirman tajantemente diversos sectores de la sociedad, la academia, la política, y los campesinos mismos, que de ignorantes no tienen ni un pelo y manejan perfectamente la lógica jurídica de estos tratados.

En ese orden de ideas, si bien los TLC no son por ahora la fuente directa de controversias jurídicas, si serán la base de muchos procesos que en el mediano plazo afectarán la institucionalidad y finanzas de Colombia. Esto se puede explicar por dos razones:

De un lado, los TLC son instrumentos internacionales que encarnan compromisos asumidos por Colombia que no son fácilmente modificables y cuyo incumplimiento acarrearía graves sanciones económicas para el país. Es tan sencillo como que, por ejemplo, una corte de Estados Unidos podría embargar los bienes que tiene el país en el exterior como represalia frente a dicho incumplimiento. En esa medida, es improbable que el gobierno decida buscar soluciones a los problemas del sector rural de esta forma, debido a que las consecuencias serían incluso peores.

De otro lado, la forma en la cual lo negociado en los TLC se implementa de forma específica en Colombia es a través de la producción de instrumentos normativos internos, como por ejemplo leyes o actos de la administración que hagan viable que el país cumpla con los compromisos a nivel de libre comercio. De ahí pues que es mucho más sencillo adelantar acciones para revisar, generar la no aplicación o derogar estos instrumentos jurídicos, en vez de atacar los tratados.

El ejemplo más claro de esto es lo que va a suceder con la Resolución 970 de 2010 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA[1] en materia de control y uso de semillas, que tanta controversia ha causado en las últimas semanas por un documental que mostró el drama de los campesinos al tener que deshacerse de semillas nativas debido, aparentemente, a lo reglamentado por el mentado acto administrativo, cuya razón de ser es en todo caso los compromisos asumidos por Colombia a nivel internacional, tanto en los TLC como en otros tratados internacionales.  

En concreto, lo que el TLC produjo fue la constitución de la obligación para Colombia de suscribir la última versión del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV, en donde se establecen una serie de estándares que luego se recogen en la Resolución 970. Si bien el TLC no ordenó directamente la producción de dicha resolución, si influyó en la decisión de incorporar la nueva regulación ya dispuesta en el Convenio UPOV.

Asumamos entonces que, como lo sugirió el 5 de septiembre en un comunicado y a raíz de las fuertes protestas sociales provenientes del paro agrario, el Gobierno decida revisar y modificar el contenido de dicha norma, y que en esa medida los campesinos ya no tengan que usar de forma exclusiva las semillas que producen las grandes empresas multinacionales agroindustriales. Si bien dicha resolución es un acto soberano del ejecutivo, la motivación de dicha norma no es de ninguna manera soberana sino que responde a una obligación asumida en la órbita del TLC y Convenio UPOV en materia de Propiedad Intelectual, interpretados como un sistema y no como instrumentos separados.

Puede que dichos tratados no se vean afectados directamente, pero teniendo en cuenta los compromisos que aquellos generan en materia de regulación interna, es más que probable que las corporaciones transnacionales afectadas por la intervención sobre la norma reglamentaria consideren ir ante un tribunal de arbitramento –la gran espada contenida en los TLC– y demanden a Colombia por el hecho de haber revisado, inaplicado o derogado la Resolución 970.   

Si nuestro Gobierno tuviera bien afinadas sus piezas y además hubiera comunicación entre las distintas dependencias de la administración pública –cosa que dudo por experiencia propia– sucedería lo siguiente:

La Dirección de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio –encargada de diseñar la política en dicha materia y velar por los intereses del país en la órbita de los acuerdos comerciales– conoce la intención del ICA de modificar o derogar la Resolución 970, y de inmediato los llama para solicitarles que no lo hagan, ya que eso podría acarrear un litigio internacional con resultados muy probablemente negativos en materia económica, debido a la gran compensación que se tendría que pagar a los inversionistas demandantes.

En consecuencia, el ICA, órgano encargado de las políticas en materia de semillas se arrepentiría de su decisión, y las cosas se quedarían como estaban al principio, o mejor, seguirían perjudicando a los campesinos. Y si no, si pensamos en que a pesar del pánico producido por una inminente demanda internacional, se producen las modificaciones o congelamiento de la Resolución 970, entonces nos enfrentaremos a la ira del arbitraje internacional de inversión, que históricamente ha condenado a países como Argentina o Ecuador a pagar millonarias sumas de dinero por hacer “lo correcto”, que es defender los intereses de sus ciudadanos por encima de los derechos adquiridos de las empresas multinacionales.

Siendo el anterior caso sólo un ejemplo más entre muchas otras patas chuecas de la silla, el trasfondo de todo esto es claro: la inserción de Colombia en la economía mundial tiene, más allá de los debatibles efectos positivos en materia de competitividad e inyección de capital extranjero, una secuela perversa: el país ya no es libre ni absolutamente soberano para decidir de qué forma cumple con sus objetivos en materia socioeconómica, sino que su actuación está limitada a que no se afecten los intereses de inversionistas extranjeros. No hay que ir mucho más allá en la argumentación para entender que esto es muy grave, y que los responsables andan por ahí diciendo que ellos no tuvieron nada que ver, o peor aún, apoyando la causa del paro agrario en un acto de cruel hipocresía.

Cierro con otro ejemplo. En mayo de 2013 el presidente Santos se ufanaba ante las cámaras porque la OECD, un club de países ricos, invitaba a Colombia a presentar su candidatura para ingresar a dicha organización. Según el mandatario, dicho hecho constituía un gran paso en la economía nacional ya que se trataba de “un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes”. Lo que Santos no explicó fue que detrás de dicho espacio de diálogo hay un elemento que determina la razón de ser de la OECD: la estandarización de las estructuras económicas de sus miembros. Palabras más palabras menos, eso quiere decir que Colombia debe ajustar sus instituciones, normas y políticas públicas en virtud de lo que dicha organización considere como “la estrategia de desarrollo adecuada”, que no es otra que la economía global de mercado, que como ya vimos, juega en contra de los intereses de muchos ciudadanos colombianos, en especial los de ruana y sombrero.

Esos, que han sido los más afectados por la violencia del conflicto armado y que ahora sufren al pensar que ni siquiera podrán vivir dignamente en el campo, debido a que no tendrán como competir con el monstruo agroindustrial. Si hace 50 años el gran reto en materia de derechos era que los Estados reconocieran que existían, y si hace 30 años era que los garantizaran de forma efectiva, ahora dicha controversia versa de algo mucho más crítico: que los Estados puedan actuar como autoridad legítima para hacerlos valer, ya que hay otros actores que son tan poderosos que son capaces de neutralizar sus buenas intenciones y determinación.

Y mientras tanto… ¡sigamos negociando tratados señor presidente!     

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[1] “Por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas en el país, su control  y se dictan otras disposiciones.”