LA CORTE NOS DIO DURO: UN COMENTARIO IMPOPULAR

Primero que todo quiero agradecerle a las pocas personas que van a leer este comentario, y que piensan que de alguna forma mi opinión puede resultar válida en este controversial caso que hoy nos toca como colombianos. Creo que es una buena forma de reactivar este blog.

Debo confesar que esta mañana, como a muchos de ustedes les pasó, mis expectativas respecto del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo limítrofe Nicaragua-Colombia pasaron de ser grandes a terminar sintiendo impotencia por algo que ciertamente afecta de forma amplia los intereses del país. Luego de la primera decisión tomada por la CIJ, uno no se esperaba que nos quitaran tanto. Finalmente así fue, y sólo el tiempo mostrará la real magnitud de lo dispuesto.

Igualmente, es inevitable que afloren sentimientos patrióticos que no sólo versan de la abstracta representación que uno tiene de la nación, sino también de los perjuicios concretos que se generarán para los habitantes del archipiélago y sus modos de subsistencia, así como para el medio ambiente debido a la segura avanzada de explotación petrolera que Nicaragua adelantará, ahora que tiene certeza sobre sus derechos respecto del espacio en disputa.

Lee uno todo tipo de comentarios al respecto; desde los que le echan la culpa al gobierno de turno por no haber representado de forma debida los intereses de Colombia –si el hacendado hubiera estado al frente seguro todo salía bien–, hasta quienes exigen que se desacate el fallo en mención y que nos preparemos a defender lo perdido armados hasta los dientes.

Yo estudié derecho principalmente porque pensaba –y sigo pensando– que aquel es un poderoso mecanismo para la obtención de justicia, por lo que quería conocer las normas y los procedimientos para poder generar cambios. En esa misma medida, aprendí con el pasar de los años que desafortunadamente, la naturaleza humana desafía aquella pretensión original, de modo que muchas veces se pueden cometer los más grandes atropellos sobre lo que consideramos como válido o justo con las banderas de la legalidad.

La cosa aquí, por difícil e impopular que sea, es tratar de visualizar lo que implica esta decisión no desde la perspectiva de lo que perdimos y consideramos injusto, sino de cómo y por qué sucedió de esta forma.

Acudir a la justicia para que resuelva una controversia –sea una corte internacional o un juez municipal, el que sea–, implica varias cosas. Primero, que estamos renunciando a resolver el problema a través de la fuerza porque creemos que la violencia no puede ser la forma de dirimir un conflicto, y entonces le pedimos a un tercero que lo haga. Segundo, que dicho pacto que se genera entre las partes respecto de la forma de encontrar una solución es sagrado, porque la decisión que se toma debe respetarse así al final no nos guste el resultado. Tercero, que esto garantiza algo que cuesta mucho obtener en el marco de un mundo marcado por intereses individuales sobre bienes escasos: estabilidad. Por eso es que, luego de que casi nos matamos los unos a los otros con dos guerras mundiales y bombas atómicas, se tomó la decisión de prohibir el uso de la fuerza como una herramienta para dirimir controversias.

En conclusión, esto se trata de lo siguiente: la justicia –esa señora que tiene los ojos vendados, la balanza en una mano la espada en la otra–, tiene dos dimensiones, una material y una formal. Respecto de la primera, siempre va a haber vencedores y vencidos (por eso la balanza), de modo que el que pierde siempre la va a cuestionar porque no le favorece. Respecto de la segunda, hay unas reglas de juego prestablecidas que garantizan que quien toma la decisión sea lo más imparcial posible (por eso la señora no quiere ver otras cosas). Y finalmente, si la decisión no es acatada por el que pierde, para eso ella tiene la espada y no va a dudar en usarla. Lo cierto es que si el día de mañana ganamos, también nos tienen que hacer respetar lo que se nos ha otorgado.

Más allá de los juicios de responsabilidad política que se hagan respecto del desempeño de las autoridades públicas y agentes del estado colombiano involucrados en este proceso, hay que entender que Colombia es un Estado que siempre ha acudido a las vías de derecho para resolver sus conflictos, y que esa posición debe mantenerse. Sé que puede sonar a excusa tonta, pero eso tiene un valor muy grande en materia de relaciones internacionales porque genera un precedente que en el futuro puede ser valioso frente a cualquier disputa y amenaza de uso de la fuerza por parte de otros estados.

Muchos manifestaban hoy que por ser pendejos nos quitaron el canal de Panamá en 1903 y que seguimos siéndolo hoy en día, pero hay una gran diferencia con lo que pasó con el archipiélago: hace 100 años los gringos bárbaros ocuparon el istmo a la fuerza, y ahora es un tribunal quien determina que algo no nos pertenece. Uno no tiene que hacer lo que otros hacen, sino que hay que tratar de creer en una serie de principios éticos que hacen parte de lo que se define como humanidad.

¿Qué pasa si desacatamos el fallo? Pues varias cosas. Primero, que a los ojos de la comunidad internacional semejante actitud consistiría en una amenaza a la paz y seguridad regionales, de modo que vendrían las sanciones económicas y hasta militares. La historia nos muestra que dichas sanciones terminan siendo más perjudiciales que las derrotas jurídicas, porque existe un mecanismo tan anacrónico como el Consejo de Seguridad que no tendría miedo en disponer  de medidas tanto excesivas como brutales (Cuba, Afganistán, Libia, etc.). Igualmente, bloquearía cualquier posibilidad de acudir a la comunidad internacional para que, en otros casos, nos ayude, ya que es tan sencillo como que el tipo antisocial de un grupo termina siendo discriminado y aislado. Tercero, que eso nos pondría al mismo nivel de regímenes autoritarios, y Colombia –con algunas excepciones– ha tratado de mantener un nivel mínimo de institucionalidad en el desarrollo de las relaciones internacionales.

Hay países como Estados Unidos que no han acatado los fallos de la CIJ y ahí siguen, es cierto…pero se trata de estados que al final no se ven tan afectados por son de hecho quienes a través de su poderío militar y económico administran las sanciones. Da ira pensar en esto, pero en este caso hay que aceptar que la mentira más grande que se han podido inventar es que el mundo es un escenario conformado por estados libres, soberanos e iguales. No lo es, y nosotros no somos parte del club del poder. Frente a esto –veo venir abucheadas y tomates por doquier–, lo único que se puede decir es que hay que tratar de ser mejor que los demás y sólidos respecto de los principios éticos en los que creemos y sobre los que se construye nuestra idea de Estado, y que además hay que buscar alternativas dentro de los mecanismos existentes para solucionar los problemas concretos.

Frente a esto último, y sin haber leído el Fallo aún, se me ocurre lo siguiente:

·         Ejercer monitoreo constante sobre los intereses colombianos en la zona, incluyendo los enclaves que quedaron en aguas nicaragüenses, de modo que frente a cualquier inconveniente, se emitan alarmas para que no haya excesos en los actos de dicho país.

·         Teniendo en cuenta la oscuridad del fallo respecto a muchos puntos, pensar en la posibilidad de solicitarle a la CIJ que emita una interpretación del fallo. Ojo, esto no quiere decir que sale una nueva decisión, sino que el tribunal debe interpretar el contenido y alcance de lo que decidió, ya que hay intereses en juego que no han sido debidamente resueltos, como por ejemplo la forma en la cual los ciudadanos y autoridades colombianas pueden tener acceso a las porciones de territorio que quedaron aisladas.

·         Fortalecimiento de la diplomacia colombiana en la región y el mundo, con el fin de que en todos los foros de discusión política y de relaciones interestatales, exista la clara convicción que Colombia defiende sus intereses de forma rígida, si bien respetando las decisiones tomadas por la justicia internacional.

·         Que Colombia por fin se ponga los pantalones y haga presencia efectiva en San Andrés y Providencia. De alguna forma, la falta de atención del Estado a estos territorios es una de las causas de esta situación. En esa medida, tiene que tener en cuenta los intereses de las poblaciones allí ubicadas, que ciertamente tienen características muy específicas y requieren de medidas excepcionales.  

·         Identificar la protección del medio ambiente como un interés que trasciende al país y se identifica con la región, de modo que se pueda limitar cualquier interés de explotar recursos naturales con potencial afectación al entorno.

Lo más probable es que todo esto que acabo de escribir no traiga paz ni sosiego a sus corazones, y que por el contrario algunos piensen que soy un vendepatria o ingenuo. Sin embargo, creo que en ocasiones como estas hay que tratar de enfriar la cabeza y tratar de entender que acontecimientos como el Fallo de la CIJ representan la eterna lucha entre las pretensiones de quienes acuden al derecho para resolver disputas y lo que él puede dar, siendo un sistema tan limitado como nosotros mismos. Tiene momentos de lucidez y oscuridad; virtudes y pasiones. No nos queda de otra.